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Centroamérica se une para proteger a los refugiados
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Centroamérica se une para proteger a los refugiados

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Centroamérica es la primera área del mundo donde se ha adoptado una estrategia regional que reconoce la responsabilidad compartida de los Estados en la protección y búsqueda de soluciones al desplazamiento forzado.
Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá se han unido a la iniciativa, Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), que fue presentada en una conferencia en San Pedro Sula, Honduras.
Este marco aborda desde la violencia, la inseguridad y los factores socioeconómicos que obligan a las personas a moverse, al tránsito y la protección de los migrantes y la integración en los países de destino.
El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que en esta región del continente “la violencia ha generado el desplazamiento de miles de personas en sus propios países y ha empujado a muchos a través de fronteras” y de ahí “la importancia de un enfoque regional”.
Hasta mediados de 2017, el número de solicitantes de asilo y refugiados de esta región llegó a los 220,000. Es diez veces más que hace cinco años. La mayoría buscan refugio en Estados Unidos, México, Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Otros se han tenido que desplazar dentro de sus propios países.
Sin embargo, aunque las solicitudes de asilo aumentan “el número refugiados en promedio, aceptados como tales, se ha reducido en casi el 10 %”, señaló el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien explicó además que “esto resulta del enfoque de seguridad regional que privilegia el uso generalizado de las llamadas tres leyes: detección, detención y deportación”.
Grandi subrayó que las personas que han sido deportadas necesitan protección en sus propios países. Muchos de esos deportados son del Triángulo Norte de Centroamérica que integran El Salvador, Guatemala y Honduras.

 

ONU lanzó plan para proteger a defensores de los DDHH en Latinoamérica

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos lanzaron un plan de cooperación para abordar uno de los problemas más apremiantes en las Américas: la protección de los defensores de los derechos humanos.
En 2016, tres de cada cuatro asesinatos de defensores de los derechos humanos en el mundo ocurrieron en las Américas y el 41% de estas personas asesinadas fueron aquellas que se oponían a proyectos extractivos o que defendían el derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas.
La CIDH y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos estudiarán las medidas que los países de la región han implementado para proteger a los defensores y elaborarán un manual de buenas prácticas para contribuir a su protección.

 

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