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Corte Suprema rechaza reconsiderar Acción Ejecutiva

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El Tribunal Supremo rechazó esta semana reconsiderar el caso de la Acción Ejecutiva del Presidente Barack Obama y acabó con las esperanzas de los casi cinco millones de inmigrantes indocumentados que podrían haber frenado su deportación con esas políticas.

El Departamento de Justicia había solicitado de manera formal a la Corte Suprema que reconsiderase el caso de las medidas migratorias del Presidente Barack Obama cuando estuviese nuevamente completa con nueve jueces. Sin embargo esta semana la Corte Suprema denegó la petición y el tema quedó concluido.

El Departamento de Justicia pretendía reactivar las Acciones Ejecutivas del Presidente Obama, alegando que los jueces no se pronunciaron sobre uno de los temas principales del caso: si el Mandatario se había excedido o no en su capacidad ejecutiva al promulgar por decreto las medidas migratorias, que tenían carácter temporal y permitía a los beneficiarios frenar su deportación, conseguir un permiso de trabajo y una licencia de conducir.

La Acción Ejecutiva del Presidente Barack Obama, firmada en Noviembre del 2014, para proteger a millones de inmigrantes de ser deportados había quedado relegada en la Corte Suprema debido a que la votación sobre la misma arrojó un empate a 4. Cuatro jueces votaron a favor del plan y otros cuatro votaron en contra, impidiendo de esta forma la implementación de la orden ejecutiva. La votación empatada no había dejado precedentes, pero dejaba en efecto la decisión del tribunal inferior. En este caso, el Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva Orleáns había dicho que el gobierno no tenía la autoridad suficiente para implementar la protección de DAPA ni la ampliación de DACA, con la posibilidad de darles permisos de trabajo a casi 5 millones de inmigrantes sin estatus migratorio, sin la aprobación del Congreso.

En su breve notificación, los jueces no explicaron los motivos o razones de la decisión de rechazar reconsiderar las acciones ejecutivas del presidente Obama, que fueron bloqueadas en febrero de 2015, un día antes de su entrada en vigor, a petición de 26 estados liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores Republicanos.

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