Corte Suprema revisará finalmente Acción Ejecutiva de Obama sobre inmigración

La Corte Suprema anunció esta semana que revisará las medidas migratorias del Presidente Barack Obama

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió finalmente revisar la Acción Ejecutiva del Presidente Barack Obama firmada, en Noviembre de 2014 y luego bloqueada por una corte de Texas, luego de que 26 Estados pusieran una demanda para detenerlo, argumentando que el presidente se había excedido en los poderes que le otorga la Constitución.

De esta manera se reaviva la esperanza de que la Corte Suprema pueda poner fin al debate sobre la legitimidad del Presidente para ampliar el alivio migratorio a mas jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños (DACA), así como a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes que estén en situación irregular (DAPA).

La Corte Suprema probablemente de un veredicto sobre este tema hacia el inicio del verano. Si la Corte aprobase la Acción Ejecutiva los programas entrarían en vigor antes de que Obama deje la Casa Blanca.

El fallo llegará en plena campaña presidencial y dará respuesta a un asunto que se ha vuelto un punto de conversación para los candidatos Republicanos que dicen que el presidente excedió su autoridad cuando anunció los programas.

La Acción Ejecutiva firmada por el Presidente Obama ofrece, a quienes califiquen, una oportunidad para mantenerse temporalmente en el país durante tres años, siempre y cuando aprueben una revisión de antecedentes y paguen impuestos. Pero no podrán contar con un camino a una eventual ciudadanía y no podrán ser elegidos para recibir beneficios legales o programas de salud. Quiénes se podrían beneficiar de la medida son los padres de niños nacidos en Estados Unidos o que sean residentes legales y que sus padres estén en el país desde antes del primero de enero de 2010.

En Estados Unidos viven aproximadamente 11,3 millones de indocumentados, según los cálculos del Gobierno, de los cuales la mayoría son latinoamericanos y más de la mitad mexicanos. Lo principal de la regularización se basa en los 3,7 millones de indocumentados que, según el Migration Policy Institute, tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y han vivido un mínimo de cinco años en el país.

Con la decisión de la Suprema Corte se reaviva la esperanza de la comunidad inmigrante para que finalmente la Acción Ejecutiva pueda llevarse a cabo.

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