El lunes pasado la Corte Suprema escuchó los alegatos sobre la Acción Ejecutiva… ¿Y ahora qué?

El lunes pasado la Corte Suprema escuchó los argumentos orales de los abogados del Departamento de Justicia y de los 26 estados demandantes sobre el alivio migratorio DAPA y DACA, por lo que ahora solo resta esperar el fallo sobre los mismos.

Con más de 4000 personas enfrente de la Suprema Corte de Justicia congregadas para mostrar su apoyo a las acciones ejecutivas de inmigración del Presidente Obama, el máximo tribunal escuchó los argumentos sobre las iniciativas de acción diferida DAPA y la expansión de DACA.

Parte de la audiencia estuvo centrada en escuchar a los demandantes para saber si el Presidente Obama se extralimitó o no al proclamar en noviembre de 2014 la expansión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la creación de la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA) que beneficiarían a casi cinco millones de inmigrantes sin estatus migratorio que viven en el país.

La otra parte de la audiencia fue para escuchar los argumentos del Gobierno acerca de que los estados no tienen ningún tipo de autoridad para desafiar las acciones ejecutivas, sobretodo porque la normativa no ha entrado en vigor y todavía no han causado daño alguno y, por tanto, el caso se sustenta sobre hipótesis.

Luego de escuchados los argumentos los jueces analizarán si procede o no la demanda interpuesta por los 26 estados que son liderados por Texas centrándose en tres cuestiones esenciales de la Acción Ejecutiva del Presidente Obama: Lo primero es si el Estado de Texas tiene competencia para presentarse en el caso, ya que para poder interponer una querella el demandante debe demostrar que la ley le perjudica directamente. Texas alega que la regularización de indocumentados le costará millones de dólares, por ejemplo, en la expedición de permisos de conducir. Mientras que el gobierno alega que Texas carece de competencia y que, antes de esta reforma, ya había accedido a subsidiar este tipo de costos.

Lo que sigue es ver si la Administración Obama tiene competencia para regular en políticas de inmigración. La Casa Blanca ha argumentado que, a pesar de que esa competencia es del Congreso, éste reconoce que el ejecutivo puede tomar algunas decisiones sobre cómo aplicar la ley, por ejemplo, en materia de deportaciones. La Administración asegura que la Acción Ejecutiva del 2014 constituye una decisión de este tipo, no una ley. Y finalmente los jueces deberán establecer si el Gobierno debía haber avisado anteriormente a los ciudadanos sobre su intención de aprobar esta reforma.

Que se puede esperar ahora

Según datos de expertos el fallo sobre la validez de la Acción Ejecutiva del Presidente Obama, que se daría a conocer antes de que finalice el mes de Junio, sería dividido y no por unanimidad. El gran tema es que, al tener en la actualidad un número par de magistrados (regularmente son 9 pero debido a la muerte del Juez Antonin Scalia los magistrados a resolver son 8) la decisión podría terminar en empate 4-4 lo que dejaría en pie la suspensión de los alivios migratorios mientras el asunto se resuelve en los tribunales de menor instancia.

Estas son las posibilidades de veredicto:

  • Un empate a cuatro (como se explica más arriba) dejará vigente la sentencia del último tribunal federal que juzgó el caso, por lo que los programas DAPA y DACA seguirán bloqueados.
  • El Tribunal puede bloquear la Acción Ejecutiva si una mayoría de jueces coinciden con el fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito Quinto
  • Los magistrados rechazan la viabilidad de la demanda porque considera que Texas y los 25 Estados que la presentaron no tienen autoridad para hacerlo. En este caso, la reforma entrará en vigor. O pueden considerar que los Estados no han logrado demostrar que la Administración Obama se excediera en sus competencias, por lo que las reformas podrán seguir adelante

Quienes deciden

Los ocho jueces que tomarán la decisión sobre la legalidad de la Acción Ejecutiva son los siguientes:

John G. Roberts, quien fuera nombrado por George W. Bush y quien es el presidente de la Corte. Está en mandato desde el 29 de Septiembre de 2005. Antes de unirse a la Corte Suprema Roberts era un juez de la Corte de Apelaciones para el Circuito de Columbia. Antes de ello, ejerció como abogado privado y tuvo cargos en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y en la Oficina del Consejero de la Casa Blanca bajo la administración Republicana.

Anthony Kennedy, quien fuera nombrado por Ronald Reagan y está en mandato desde el 18 de Febrero de 1988. Debido a sus ideales moderados, Kennedy es considerado el voto decisivo en muchos de los casos ante dicho tribunal. La carrera jurídica de Kennedy comenzó en 1975 cuando el Presidente Gerald Ford lo nombró juez del Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco. Luego, el presidente Ronald Reagan lo nominó para la Corte Suprema tras el retiro del Juez Lewis Powell.

Clarence Thomas, quien fuera nombrado por George H. W. Bush, en mandato desde el 23 de Octubre de 1991. Debido a sus puntos de vista e interpretación de la constitución, Thomas es considerado miembro del ala conservadora de la Corte. Thomas comenzó su carrera judicial en 1990, cuando fue nombrado Juez del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Ruth Joan Bader Ginsburg, nombrada por Bill Clinton, en mandato desde el 10 de Agosto de 1993. Es la segunda mujer en la historia (tras Sandra Day O’Connor) que sirve en este alto órgano judicial y actualmente está acompañada de Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Ginsburg es una de las principales voces del ala liberal del Tribunal Supremo.

Stephen Breyer, nombrado por Bill Clinton, en mandato desde el 3 de Agosto de 1994. El juez Breyer es considerado un miembro del ala liberal de la Corte y se caracteriza por mantener un acercamiento pragmático a los casos, interesado en mantener continuidad en la ley.

Samuel Alito, nombrado por George W. Bush, en mandato desde el 31 de Enero de 2006. Jurista de corte conservador que se graduó de la Universidad de Princeton en 1972 y luego estudió derecho en la Universidad de Yale, graduándose en 1975. Durante la década de los ochenta, Alito trabajó como abogado para el el Gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del Presidente Ronald Reagan.

Sonia Sotomayor, nombrada por Barack Obama, en mandato desde el 6 de Agosto de 2009. Es la primera juez hispana en el Tribunal Supremo.  El presidente Barack Obama la nominó para reemplazar al juez David Souter, el 26 de mayo del 2009. El 27 de noviembre de 1991 fue nominada por el presidente George H. W. Bush para el cargo en la corte del distrito sur de Nueva York, convirtiéndose en la juez más joven de ese distrito y la primera juez federal hispana en todo el estado de Nueva York.

Elena Kagan, nombrada por Barack Obama, en mandato desde el 7 de Agosto de 2010. A lo largo de su carrera ha sido profesora de Derecho en la Universidad de Chicago y profesora de Derecho en la cátedra Charles Hamilton Houston en la Universidad de Harvard. Durante el mandato del presidente Bill Clinton ocupó el cargo de Consejera Asociada de la Casa Blanca. En el año 2003 fue elegida decana de la Harvard Law School, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. En el año 2009 renunció al decanato por haber sido nominada para ser la Procuradora General de Estados Unidos. Fue la primera mujer en la historia en ocupar ese cargo.

DAPA y DACA

El veredicto de la Suprema Corte es fundamental para saber si finalmente se podrá implementar la expansión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA) que beneficiarían a casi cinco millones de inmigrantes sin estatus migratorio que viven en el país.

La Acción Ejecutiva del Presidente Obama amplía el programa de DACA cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país y crea un nuevo programa de Acción Diferida para Padres (DAPA). Quiénes se podrían beneficiar de esta medida son los padres de niños nacidos en Estados Unidos o que sean residentes legales y que sus padres estén en el país desde antes del primero de enero de 2010.

La Corte Suprema probablemente de un veredicto sobre este tema antes del inicio del verano. Si la Corte aprobase la Acción Ejecutiva los programas entrarían en vigor antes de que el Presidente Obama deje la Casa Blanca.

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