Juez bloquea pregunta sobre ciudadanía en el censo de Estados Unidos

La polémica pregunta había surgido a petición del Departamento de Justicia, que lo pidió por primera vez en los primeros días de la administración del presidente Donald Trump, diciendo que era necesaria para hacer cumplir mejor la Ley de Derechos Electorales.

Un juez federal bloqueó la decisión del gobierno de incluir una polémica pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario para la elaboración del censo de 2020. La medida había surgido a petición del Departamento de Justicia, que lo pidió por primera vez en los primeros días de la administración del presidente Donald Trump, diciendo que era necesaria para hacer cumplir mejor la Ley de Derechos Electorales.

Según el magistrado Jesse M. Furman, el plan impulsado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, es ilegal por varios motivos, que explica ampliamente en una opinión de 277 páginas. Su decisión llegó tras un juicio de dos semanas en Nueva York celebrado a raíz de una demanda de varios fiscales generales y alcaldes estadounidenses, que consideraban que la inclusión de esa pregunta generaría miedo entre las comunidades de inmigrantes y haría que el censo terminase por ser inexacto.

El censo decenal es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.

La pregunta que generó gran polémica investigaría si una persona es ciudadana o no del país. Esta consulta no se ha incluido en el documento del censo desde 1950 y ha sido criticada duramente por Demócratas y activistas, que consideran que significará que numerosas personas rechacen responder, lo que alteraría el resultado.

El Departamento de Comercio había remarcado que se ha “determinado reinstalar la pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020 porque es necesario para dar datos completos y precisos”, lo que permitiría establecer el número de personas con derecho al voto.

El Departamento de Comercio tomó la decisión de incluir esa pregunta en contra de las recomendaciones de la Oficina del Censo y la ha defendido subrayando que es necesario conocer el estatus legal de los ciudadanos para una mejor comprensión de la población del país e insistiendo en que todas las respuestas son confidenciales.

Según el magistrado Jesse M. Furman, el plan impulsado es ilegal por varios motivos y lo ha fundamentado ampliamente en su alegato recientemente divulgado.

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