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Juez federal emite importante orden:  Gobierno tendrá que aceptar nuevas peticiones de DACA si en 90 días no argumenta por qué canceló el programa
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Juez federal emite importante orden: Gobierno tendrá que aceptar nuevas peticiones de DACA si en 90 días no argumenta por qué canceló el programa

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La orden del Juez John D. Bates de Washington le da a la administración 90 días para encontrar mejores razones para desechar DACA o el magistrado restablecerá el programa en su totalidad.

El Juez, John D. Bates, consideró que el gobierno proporcionó “un escaso razonamiento jurídico” para respaldar su decisión de derogar DACA y, por tanto, le dio a la administración un plazo de 90 días para encontrar mejores razones para desechar el programa o el magistrado lo restablecerá en su totalidad. Si no se presentan novedades relevantes, el Gobierno “deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de DACA, así como las renovaciones” pasados los 90 días, decidió el juez.

“El argumento legal virtualmente no fue explicado y, por tanto, no puede justificar la decisión de la agencia”, señaló el magistrado. “Por estas razones, el fin de DACA fue ilegal y tiene que interrumpirse por ahora”, añadió Bates.

El magistrado indicó que la explicación de la administración fue “especialmente atroz” porque no mencionaba que muchos de los cientos de miles de beneficiarios obtuvieron empleos y empezaron estudios basándose en la suposición de que podrían renovar el permiso.

En enero, el juez de Distrito William Alsup ya había dictaminado que el gobierno no justificó el final del programa y su decisión obligó a las autoridades a volver a aceptar las peticiones de renovación. A su vez, el juez de Distrito Nicholas G. Garaufis, emitió un fallo similar en febrero.

Si bien este ya es el tercer magistrado que decide a favor de DACA, esta es la resolución más importante y significativa ya que no solo sostiene su vigencia, sino que ordenará aceptar nuevos inscriptos.

La decisión del juez se produce como respuesta a la demanda establecida por María Perales junto a la Universidad de Princeton. La denuncia se presentó en noviembre de 2017 argumentando que la cancelación del programa violaba la Quinta Enmienda de la Constitución que garantiza que la ley debe proteger a todos por igual.

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