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La Ciudad de Chicago demandará al Departamento de Justicia por amenaza de retener fondos
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La Ciudad de Chicago demandará al Departamento de Justicia por amenaza de retener fondos

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El Alcalde Rahm Emanuel y la Ciudad de Chicago interpondrán una demanda federal para evitar que el Departamento de Justicia condicione los fondos federales para prevenir el crimen, a acciones relacionadas con la inmigración

El Alcalde Rahm Emanuel anunció esta semana que la Ciudad de Chicago interpondrá una demanda federal para evitar que el Departamento de Justicia condicione la recepción de un fondo federal para la prevención del crimen, a actos de cumplimiento de las leyes de inmigración, los cuales son ilegales y no están relacionados con los fondos federales en cuestión. Los fondos federales son críticos para los esfuerzos de seguridad pública.

“La policía en la comunidad es una filosofía de referencia para el Departamento de Policía de Chicago, pero no puede tener éxito cuando un segmento de la comunidad tiene miedo de cooperar o de comunicarse con la policía”, dijo el Alcalde Emanuel. “Chicago es una ciudad santuario y siempre lo será, no seremos chantajeados por el Departamento de Justicia del Presidente Trump. Obligarnos a escoger entre nuestros valores y la filosofía de policía comunitaria que tiene nuestro departamento de policía es una opción falsa y es una opción que a fin de cuentas va a debilitar nuestra agenda de seguridad pública”, añadió.

El Alcalde Emanuel, el Asesor Jurídico de la Alcaldía Ed Siskel y el Superintendente del Departamento de Policía de Chicago Eddie Johnson, anunciaron durante una conferencia de prensa que la ciudad tiene intenciones de entablar la demanda.

El Jueves 3 de Agosto de 2017 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó la solicitud para el programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG) para el año fiscal 2017, el cual proporciona fondos federales a estados y ciudades para apoyar los esfuerzos de las agencias locales del cumplimiento de la ley.

A diferencia de las solicitudes anteriores, la versión de este año requiere que las municipalidades cumplan una serie de condiciones nuevas para así ser elegibles para recibir estas subvenciones. Las condiciones incluyen la certificación de cumplimiento con el estatuto federal 8 U.S.C. § 1373, que prohíbe restringir el intercambio de información sobre el estatus migratorio a nivel federal y local; dar acceso ilimitado a las estaciones locales de policía y a instalaciones para el cumplimiento de la ley a personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) para interrogar a personas arrestadas y el requisito de que las ciudades den aviso a DHS, cuando menos 48 horas antes de que alguien vaya a ser liberado, lo que requeriría que los residentes estén detenidos más tiempo del permitido por la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. Estas condiciones convierten los centros locales de detención en centros federales y violan la Cuarta Enmienda, cuando los detenidos son elegibles para ser liberados de la custodia policiaca.

A lo largo de los años Chicago ha usado los fondos Byrne JAG para una variedad de objetivos que han beneficiado la seguridad pública, incluyendo la compra de equipo SWAT, vehículos policiacos, radios y aparatos de descarga eléctrica (tasers). El año pasado la Ciudad de Chicago recibió $2.3 millones de dólares en fondos Byrne JAG.

Como parte de la demanda, la Ciudad estará pidiendo a la corte que declare ilegales las acciones del Procurador de Justicia para imponer estas condiciones y, además, que la Ciudad de Chicago y su ordenanza de Ciudad Santuario está en cumplimiento con todas las leyes federales aplicables y válidas.

“Hemos entablado la demanda esta mañana en respuesta a las condiciones ilegales que el Departamento de Justicia anunció recientemente para los fondos Byrne Justice Assistance Grant. El Procurador de Justicia no tiene la autoridad para agregar nuevos requisitos a un programa de subvenciones creado por el Congreso y no puede obligar a que los agentes locales de la ley lleven a cabo funciones correspondientes a la ley federal de inmigración”, dijo el Asesor Jurídico Siskel. “Estamos pidiéndole a la corte que se asegure que no vamos a ser obligados a renunciar a fondos críticos o a estar de acuerdo con las nuevas condiciones, las cuales violan la Constitución y nuestra ordenanza de Ciudad Santuario”, agregó.

La ordenanza de Ciudad Santuario de Chicago antepone la prevención del crimen y el cumplimiento exitoso de las leyes locales a asuntos federales de inmigración. Esta ordenanza promueve la seguridad pública al asegurarse de que ningún ciudadano tenga miedo de cooperar con las agencias de la ley, reportar actividad criminal a la policía, servir como testigo en corte o buscar ayuda como víctima de algún crimen, sin importar su estatus migratorio.

“Proteger a todos los residentes de Chicago, sin importar quiénes son o de dónde vienen, es el cimiento del Departamento de Policía de Chicago”, dijo el Superintendente Johnson. “No comprometeremos la seguridad y el bienestar de nuestra ciudad y de las personas a quienes servimos en nombre de la política”, añadió.

Las solicitudes para los fondos Byrne para el año fiscal 2017 tienen la fecha límite del 5 de Septiembre de 2017. El programa Byrne JAG fue nombrado asi por Edward Byrne, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York, quien fue asesinado en 1988 mientras se encontraba asignado protegiendo a un inmigrante de Guyana, quien había reportado actividades ilegales a la policía. La ciudad de Chicago está recibiendo apoyo legal de dos bufetes jurídicos externos, Riley Safer y Wilmer Hale, quienes están proporcionando sus servicios sin costo.

Para saber más acerca de la demanda visite la página web del municipio de Chicago: www.cityofchicago.org.

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