Menores con padres deportados demandan al gobierno

Un grupo de 10 niños presentaron una demanda contra el gobierno por daños graves e irreparables a causa de las deportaciones de sus padres

Ante un tribunal federal de Miami, 10 menores cuyos padres han sido o están amenazados con una deportación demandaron al gobierno federal por daños y privaciones graves e irreparables al ser separados de sus familias.

Los menores, cuyas edades oscilan entre los 6 y 18 años, solicitaron la implementación de una acción diferida que les permita a sus padres permanecer legalmente en el país y, si ya han sido deportados, regresar.

La activista de inmigración Nora Sandigo fue quien presentó la demanda a nombre de los niños, ya que ella fue designada por los padres de los menores como guardiana legal de los mismos.

“Este tribunal debería ordenarle al presidente de Estados Unidos que frene la deportación de todos los extranjeros que son padres de niños estadounidenses”, dice la demanda de 34 páginas.

Esta demanda es una acción colectiva en la que todos los solicitantes reclaman en nombre de todos los niños del país que atraviesan su misma situación.

En la demanda se alega que si los padres son deportados los niños sufren daños y privaciones excepcionales, irreversibles, graves e irreparables, como también la posibilidad de que ellos mismos sean forzados a salir del país en el que nacieron.

Y si permanecen aquí los niños sufrirán la separación de sus padres, además de que si quedan solos se los considera abandonados por lo que las autoridades los dan en adopción, rompiendo así los lazos con sus padres naturales.

A diferencia de otras demandas recientes, en este caso se trata de ciudadanos estadounidenses que se sienten damnificados por las políticas de inmigración del presidente Trump. Además de la discriminación, los demandantes alegan que el gobierno está violando el derecho constitucional de vida, felicidad y libertad y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Entre los niños demandantes hay algunos cuyos dos padres han sido deportados, otros en proceso de deportación y otros con TPS. “Se los trata como extranjeros y la realidad es que son niños americanos”, dijo el abogado Alfonso Oviedo Reyes, quien presentó la demanda.

En noviembre de 2014, el expresidente Obama había firmado una Acción Ejecutiva para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales (DAPA, por su sigla en inglés) que luego fue dejada sin efecto por la Suprema Corte de Justicia. La Acción Ejecutiva ofrecía, a quienes calificasen, una oportunidad para mantenerse temporalmente en el país durante tres años, siempre y cuando aprobasen una revisión de antecedentes y pagasen impuestos. Pero no podían contar con un camino a una eventual ciudadanía y no podían ser elegidos para recibir beneficios legales o programas de salud. Quiénes se podían haber beneficiado de la medida eran los padres de niños nacidos en Estados Unidos o que fueran residentes legales y que sus padres estuviesen en el país desde antes del primero de enero de 2010.

En Estados Unidos viven aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados, según los cálculos del Gobierno, de los cuales la mayoría son latinoamericanos y más de la mitad mexicanos. Unos 3,7 millones de indocumentados, según el Migration Policy Institute, tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente en el país.

 

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