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Tribunal Federal de Apelaciones refrenda ley que impide a Alcohólicos eludir la deportación
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Tribunal Federal de Apelaciones refrenda ley que impide a Alcohólicos eludir la deportación

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Un tribunal federal de apelaciones refrendó esta semana una ley que prohíbe que los inmigrantes sin estatus migratorio eviten ser deportadas si son alcohólicos

Los jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en fallo dividido, indicaron que el Congreso podría haber concluido razonablemente que la gente que suele beber alcohol en exceso representa un mayor riesgo para sí misma y para otros. La ley considera que los que están alcoholizados frecuentemente carecen de buen carácter moral.

El fallo revoca la decisión de un tribunal más pequeño del Noveno Circuito que determinó que el alcoholismo es una enfermedad, no un defecto moral.

La decisión se tomó en el caso de Salomón Ledezma Cosino, que estaba en proceso de deportación luego de su arresto en California en 2008 bajo sospecha de conducir ebrio.

Corte Suprema sienta precedente sobre lo que serian delitos graves no deportables

Mientras tanto, en otro dictamen de la justicia esta semana, el Tribunal Supremo dio la razón al inmigrante mexicano Juan Esquivel-Quintana, que se enfrentaba a la deportación por haber tenido relaciones sexuales con su novia de 16 años cuando él tenía 20 y 21 años, uno hecho considerado delito bajo la ley del estado de California.

De manera unánime los magistrados consideraron que Esquivel-Quintana había violado las leyes de California, pero no había infringido ninguna norma a nivel federal, por lo que no debía ser deportado a México.

Según el fallo, los padres de Esquivel-Quintana trajeron a su hijo a EEUU de manera legal en el año 2000 y se instalaron en la ciudad de Sacramento (California). Cuando tenía 20 y 21 años, Esquivel-Quintana mantuvo relaciones sexuales consentidas con su novia, de 16 años, una acción que le envió a la cárcel porque, en California, es ilegal mantener relaciones sexuales con alguien menor de 18 años si la diferencia de edad es mayor a tres años. Entonces, Esquivel-Quintana fue sentenciado a 90 días de cárcel y a cinco años de libertad vigilada.

Después de su puesta en libertad, el Departamento de Seguridad Nacional inició el proceso para deportar a Esquivel-Quintana, al considerar que el crimen cometido a nivel estatal era uno de los “delitos graves” que bajo la ley migratoria permiten que un individuo sea expulsado a su país de origen.

El Tribunal Supremo falló en contra de esa consideración y determinó que la violación de una ley estatal no se traduce necesariamente en una ofensa a nivel federal a la hora de decidir si un inmigrante, con papeles o sin papeles, debe o no ser expulsado del país.

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