Comisión de Justicia analiza reformas al Código Penal Federal

Hasta 10 años de cárcel a padres o familiares que sustraigan, retengan u oculten a menores

La Comisión de Justicia analiza reformas al Código Penal Federal para imponer de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa, al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga, retenga u oculte a un menor fuera de la entidad federativa donde reside. Si no existe relación de parentesco o de tutela, la pena será de cinco a quince años y de doscientos a mil días de multa.

La iniciativa impulsada por el diputado Ulises García Soto, destaca que el objetivo es inhibir la sustracción, retención u ocultamiento de menores y coadyuvar con la reintegración pronta de los niños a sus hogares, porque “hay miles de casos donde los hijos son ocultados durante meses, o incluso años, de sus padres o familiares, lo que exige construir leyes que eviten estas dolorosas separaciones”.

García Soto relató que México vive una crisis de divorcios y desintegración familiar. Tan sólo en 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que 10% de la población estaba divorciada o separada. Datos de 2017 señalan que se registraron 147 mil 581 divorcios, de los cuales 134 mil 166 fueron judiciales.

Los datos evidencian el incremento en la desintegración familiar, conflictos conyugales y, por consiguiente, problemas de paternidad con los hijos, como patria potestad, guarda y custodia, visitas y convivencias o el pago de pensión alimenticia, pero “desafortunadamente los menores quedan en medio de conflictos entre sus padres; los cuales en no pocas ocasiones ascienden a conductas indebidas que vulneran los derechos de los niños”.

García Soto resaltó que en 2015 la asociación “Niños, Niñas y Adolescentes con Ma-Pa” exponía que al menos cien mil menores eran rehenes de los juicios de divorcio de sus padres. Comúnmente alguno de los progenitores los utilizaba como arma contra el cónyuge.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) define la sustracción, retención u ocultamiento como la separación unilateral e injustificada de una niña, niño o adolescente de la persona que legalmente detenta su guarda o custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar habitual de residencia.

Estas conductas atentan contra su equilibrio vital, pues alteran las condiciones sociales, afectivas y culturales. Por tanto, constituyen un atentado contra los derechos humanos de los menores a vivir en familia, convivir con ambos progenitores, estar en condiciones de bienestar, tener sano desarrollo integral y vida libre de violencia, establece la iniciativa.

El diputado argumentó que al analizar los códigos penales del país se constató que este delito se encuentra plasmado, pero no homologado, ni tipificado en el Código Penal Federal, por lo que bajo el principio del interés superior de la niñez “vemos la necesidad de que la Fiscalía General de la República y los ministerios públicos federales puedan perseguirlo”.

Argumentó que si bien para los casos de sustracción de menores de edad fuera del territorio nacional es aplicable el Convenio de la Haya, es deber del Estado proscribir y tipificar esta conducta como delictiva.

Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores revelan que durante 2017 las entidades federativas donde se originó el mayor número de solicitudes de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes fueron Ciudad de México (19), Michoacán (17), Baja California, Chihuahua y estado de México (9 de cada una). En ese año, Estados Unidos fue el país al que más se le formularon solicitudes.

Con la incorporación del artículo 366 se prevé castigar la sustracción, retención u ocultamiento que podría cometer cualquier individuo, sin relación de progenitor, parentesco o tutela con el menor involucrado. Además, establece los agravantes en el caso de que se trate de un menor de doce años o se pretenda incorporarlo a los círculos de corrupción de menores. También considera un atenuante cuando el agente activo devuelva espontáneamente al menor dentro de las veinticuatro horas siguientes a los hechos.

 

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